Contraloría emitió un nuevo dictamen respecto a diversas situaciones que han sido denunciadas en torno al Plebiscito del próximo 4 de septiembre. Esta vez, se trata de la resolución sobre la primera denuncia en el marco de la campaña comunicacional del Gobierno «Chile vota informado» y la impresión y distribución de textos con la propuesta constitucional.
En este caso, la investigación de Contraloría acreditó el cumplimiento de la Ley de compras, en primera etapa de auditoría, de parte de la Segegob.
En este caso, el equipo de Auditorías Especiales efectuó una revisión a las contrataciones efectuadas por el Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob), en el marco del Plebiscito de salida, así como también verificó la recepción y distribución de los ejemplares de la propuesta de nueva Constitución.
En lo particular, fueron analizados los siguientes procesos licitatorios:
- Concepto creativo y producción audiovisual para la campaña plebiscito constitucional 2022.
- Plan de medios para la campaña plebiscito constitucional 2022, voto informado.
- Impresión de ejemplares del texto constitucional.
Respecto a estos, la Contraloría determinó que la Segegob dio cumplimiento a lo establecido en la Ley 19.886, que regula las contrataciones de bienes y servicios. Asimismo, estimaron que dicha cartera cuenta con la disponibilidad presupuestaria para la contratación de los servicios descritos.
El ente también analizó la distribución de los productos impresos, encontrando que se pudo acreditar, a través de guías de despacho y una visita inspectiva, que el proveedor había entregado 310.392 textos.
Cabe precisar que, al 16 de agosto de 2022, no se habían realizado pagos a los proveedores de los servicios, materia que será examinada en la segunda fase de la Investigación Especial, una vez que se materialicen las facturaciones y pagos de servicios.
Finalmente, de acuerdo al análisis efectuado por la Contraloría a los antecedentes contables aportados por la Segegob, al 12 de agosto de 2022, dicha cartera no había transferido recursos para la campaña a otras reparticiones públicas.
