Algunas irregularidades detectadas fueron la falta de claridad en los ítems de gastos, la falta de distinción entre la vigencia del acuerdo y su ejecución, y la ausencia de un registro de personas jurídicas receptoras de fondos públicos.
La Contraloría General de la República emitió un informe tras revisar 34 convenios entre reparticiones públicas y fundaciones, que fueron congelados hace un mes por los cuestionados «líos de plata» en el marco del Caso Convenios.
De estos casos analizados, 29 no cumplían con los estándares legales y fueron declarados ilegales o «representados» por el ente contralor. Estos convenios, suscritos en 2023, involucran una suma total de $13 mil millones de recursos públicos.
Según informó La Tercera, el contralor Jorge Bermúdez tomó la decisión de paralizar la toma de razón de estos convenios debido a las investigaciones judiciales relacionadas con polémicos traspasos de fondos desde entidades gubernamentales a organizaciones privadas sin fines de lucro, a cambio de supuestas prestaciones de servicios.
En el proceso de «toma de razón», la Contraloría verificó si fue adecuado o no el traspaso de fondos, es decir, interviene para determinar si cumplen con los requisitos legales en la administración pública. Dada la cantidad de denuncias que surgieron, se decidió paralizar los trámites y revisar la legalidad de estos convenios.
Según los avances de la revisión, las principales observaciones han estado relacionadas con fundaciones que presentaban giros demasiado amplios para ejercer y recibir transferencias estatales. Algunas de ellas, bajo el pretexto de «ayudar al prójimo», incluían labores como entregar canastas familiares o construir viviendas, sin precisar las actividades y objetivos de manera específica.
Otras irregularidades detectadas fueron la falta de claridad en los ítems de gastos, la falta de distinción entre la vigencia del acuerdo y su ejecución, y la ausencia de un registro de personas jurídicas receptoras de fondos públicos.
Uno de los casos más graves se encontró en el GORE de Los Lagos, donde se detectó la transferencia de más de $600 millones a pesar de la objeción de la Contraloría. Estos casos llevaron a la apertura de un sumario para determinar responsabilidades administrativas.
En total, 22 de los 29 convenios declarados ilegales provienen de la región de Los Lagos, lo que levantó sospechas adicionales en el ente contralor. También se abrió una investigación sobre la entrega de fondos a la «Corporación privada para la educación y el desarrollo local El Canelo», a pesar de que el convenio fue declarado ilegal previamente.
Aunque aún se encuentran en revisión algunos casos, algunos de los convenios ya fueron retirados o declarados con alcance, lo que implica que se realizan ajustes antes de su eventual reingreso. La Contraloría no descarta remitir estos antecedentes al Ministerio Público para su investigación.
