Batería de medidas en favor del pueblo mapuche. Ministerio de Asuntos Indígenas y compra de tierras, entre otras.

Tras una reunión con partidos oficialistas, el Ejecutivo decidió avanzar en un decreto de emergencia enfocado en las rutas. Además, anunciaron que se retomarán las conversaciones con el pueblo mapuche, bajo el acompañamiento de Naciones Unidas.

Finalmente el Gobierno decidió decretar estado de emergencia para el resguardo de las rutas en las provincias de Arauco, Biobío y en la región de la Araucanía.

De acuerdo a lo señalado por la ministra del Interior, Izkia Siches, «hemos decidido hacer uso de todas las herramientas del Estado (…) decretando estado de emergencia para el resguardo de las rutas en la provincia de Arauco y Biobío, en la región de la Araucanía, para permitir el libre tránsito de las personas».

La secretaria de Estado comenzó explicando que hay elementos que consideraron como importantes en la discusión de lo que ocurre en el sur como la demanda de «restitución de tierra», indicando que ya han «mandatado a la nuevas autoridades de CONADI para reactivar la compra de predios, duplicando el presupuesto asignado en la compra de tierras».

También anunciaron nuevos mecanismos para hacer más fácil esa eventual restitución y especificó que se reactivará la tramitación del proyecto que crea el ministerio de Pueblos Indígenas.

En este contexto, detalló: «retomaremos la vieja tradición de parlamentar entre el pueblo chileno y el mapuche (…) para el impulso de estos encuentros ya solicitamos el acompañamiento del sistema de Naciones Unidas e iniciaremos en este mes de julio estos diálogos», anunció Siches.h

Fiscalía en la Macrozona

Al respecto, la ministra reconoció que «hemos tenido un aumento de lo actos de violencia en las rutas, hemos sido testigos de cobrases ataques (…) también hemos visto cortes extendidos de carreteras que ponen en riesgo del libre tránsito».

Es por eso que pidieron al Ministerio Público «un fiscal con dedicación preferente para investigación de organizaciones criminales que amenazan la convivencia de la región».

Reacciones

Sobre el tema en particular, la senadora Carmen Gloria Aravena, aseguró que es una iniciativa que se valora, «aún cuando existe la preocupación legítima de saber en qué consiste esto de un estado de excepción acotado solo a rutas y caminos».

En ese sentido, explicó que «de una, u otra manera, la violencia no tiene lugar y es posible que protejamos las cadenas de suministro de transporte, de alimento, producto, etc. y no nos hagamos cargo de lo que ocurre también en las casas, empresas o distintos tipos de infraestructura».

Desde el PS, el diputado Leonardo Soto, aplaudió que el «gobierno finalmente toma una decisión y pone en el centro resguardar y proteger a los habitantes de la Macrozona Sur frente a grupos armados que se declaran en guerra contra el propio gobierno».

«Además, accedieron a la petición que hicimos de establecer un plan integral sobre adquisición de tierras e inversión pública que le devuelva un cauce institucional a los distintos grupos que no han escogido la vía armada», explicó el parlamentario.