Por Juanclaudio García Filún, Presidente del Centro de Estudiantes de Administración Pública de la Universidad Austral de Chile Sede Puerto Montt
Las implicaciones del caso de Eduardo Macaya y las consecuencias de las declaraciones del senador Javier Macaya en defensa de su padre al interior de la UDI, como lo fue su renuncia a la presidencia de la colectividad, han puesto en el debate público algunas interrogantes relevantes para esclarecer el funcionamiento de nuestro sistema político, ¿Cuál es el límite de los partidos políticos para defender a sus miembros o simpatizantes? Y ¿Cómo estas defensas pueden contrariar el rol de estos en el sistema de político? La respuesta parecería ser obvia, los límites son aquellos que la ley dispone; sin embargo, las declaraciones de muchos partidos políticos frente a recursos judiciales ejecutados por Cortes y tribunales, como órganos del poder judicial, dejan una difusa nebulosa frente a lo que se debería esperar de ellos.
Paaa analizar aquello solo hace falta remontarse pocas semanas atrás, luego de la prisión preventiva que se decretó al ex alcalde de Recoleta Daniel Jadue tras su investigación por el caso farmacias populares, y de los cuales se refirió Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista del que es militante Jadue, quien desestimó las medidas cautelares asegurando que estas afectaban la «soberanía popular», o más atrás con la falta de pronunciamiento de la UDI tras las medidas de arresto domiciliario de la ex alcaldesa por Maipú Cathy Barriga; ambos casos sumado a las desafortunadas declaraciones del senador Macaya en defensa de su padre ilustran una incómoda verdad, los partidos políticos se encuentran en una clara decadencia ética, que les impide en las más agudas situaciones defender la institucionalidad del Estado antes que sus intereses partidarios.
El accionar de los partidos políticos debe tener una orientación clara frente a estos hechos, pues como contribuyentes al sistema democrático de nuestro país se espera de ellos el más férreo apoyo a los mecanismos que los poderes del Estado ejecutan, sean sus miembros militantes quienes se vean afectados por estos o no, pues, es el sentido de imparcialidad aquel que legitima sus acciones. Ante lo expuesto, la renuncia a la presidencia de la UDI por parte del senador Macaya es el mínimo que se esperaría ante la incapacidad de reafirmar los valores que su partido proclama frente a los hechos cometidos por su padre, pues desbarata la naturaleza de los partidos en democracia, y contribuye a un sentimiento de desconfianza y poca credibilidad hacia las instituciones que ya se manifiesta en la ciudadanía hace mucho tiempo.
