Conozca antecedentes de la aceleración de esta iniciativa que permitiría a los pensionados aumentar sus ingresos. Presidente electo podría apoyar.
SANTIAGO (EL GONG).- En una decisión que puede ser una alternativa concreta para miles de chilenos para mejorar su calidad de vida y mayor estabilidad económica, el Ejecutivo, le puso hoy martes discusión inmediata al Proyecto de Ley de Pensión Garantizada Universal (PGU) y el Congreso Nacional ya fijó el itinerario para su análisis, inclusión de indicaciones y votación.
El Gobierno ve esta iniciativa como su «intento definitivo de mejorar las pensiones» a tres meses de terminar su Administración.
Fue el propio Presidente Sebastián Piñera, quien solicitó al Presidente electo, Gabriel Boric, en la reunión privada que ambos sostuvieron, que apoyara este proyecto, habiéndose manifestado por parte de este último una disposición favorable, aunque se estima que los congresistas de la actual oposición podrían ingresar indicaciones que permitan aumentar el monto propuesta por el Gobierno.
Cabe recordar que la iniciativa propone un aporte de 185 mil pesos a todas las personas mayores de 65 años, estén jubiladas o no, que pertenezcan al 90% más vulnerable de la población.
Reproducimos seguidamente la información oficial que emanó esta tarde desde la Cámara de Diputados (as).
Comisión de Hacienda abordó propuesta de Pensión Garantizada Universal
La instancia escuchó la exposición del ministro del Trabajo, Patricio Melero, sobre las indicaciones ingresadas al proyecto de ley corta de pensiones, que reemplazarían el actual Pilar Solidario por una Pensión Garantizada Universal. Asimismo, acordó sesionar este miércoles 22 de diciembre, para comenzar a votar la iniciativa.
La Comisión de Hacienda conoció las indicaciones sobre el proyecto de ley que amplía y fortalece el Pilar Solidario y reduce o elimina exenciones tributarias para asegurar su financiamiento (boletín 14588).
La instancia escuchó al ministro del Trabajo, Patricio Melero, quien explicó el objetivo del nuevo texto que busca mejorar las pensiones de los actuales y futuros pensionados. Para ello se crea una Pensión Garantizada Universal (PGU) de un monto máximo de $185.000 para todos los adultos mayores de 65 años que no se encuentren en el 10% más rico de la población. Según lo informado, el nuevo aporte beneficiaría a 2,4 millones de personas.
El secretario de Estado aseguró que la PGU está focalizada en la clase media chilena y en las mujeres. Además, pone un incentivo a ahorrar, contrariamente a lo que han sido los retiros de fondos de pensiones.
“Esta reforma, lo que hace, es ingresar un aporte muy sustancial para que se sume a la pensión autofinanciada que las personas tienen. Independiente si están o no jubilados; tienen un incentivo al momento de jubilarse, porque todo lo que se ahorre tradicionalmente se va a sumar a esta pensión garantizada”, indicó.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, aclaró que “esta propuesta viene a reemplazar los proyectos de ley larga y ley corta de pensiones, cuyo financiamiento ya estaba considerado en los presupuestos hacia adelante y va a ocuparse para financiar la mitad de esta nueva iniciativa”.
También participaron de la sesión el ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, y la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar.
Opiniones parlamentarias
La diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS) planteó que la propuesta debió pasar por la Comisión de Trabajo, ya que cambia la idea matriz del proyecto original. Asimismo, pidió al Gobierno aclarar cuántos beneficiarios serán.
El diputado Manuel Monsalve (PS), en tanto, indicó que las políticas públicas hay que simplificarlas y cuestionó el que se tenga que postular al beneficio.
Por su parte, el diputado Gabriel Silber (DC) manifestó que, si bien es una buena noticia que se pase a tener una Pensión Garantizada Universal, “el Gobierno tiene que abrirse mucho a conversar si es que quiere tener aprobado este proyecto”.
El diputado Leopoldo Pérez (RN) solicitó al Gobierno acoger la propuesta de su sector para modificar la fecha de entrega para los beneficiarios del Pilar Solidario vigente.
Finalmente, el diputado Javier Hernández (UDI) llamó a tramitar con urgencia la iniciativa. “En este Gobierno se han hecho esfuerzos importantes (…). Quiero apelar a la urgencia que tiene esto. Las personas esperan que haya un acuerdo”, remarcó.
Datos de la propuesta
El nuevo texto tiene como característica ser una pensión de carácter no contributivo. Un nuevo beneficio que sustituye a los actuales del Pilar Solidario, tanto a la Pensión Básica Solidaria de Vejez como al Aporte Previsional Solidario de Vejez.
Es complementario al ahorro previsional individual. La pueden recibir pensionados, bajo cualquier modalidad, y adultos mayores que se encuentren laboralmente activos. Esto, sin la necesidad de pensionarse o estar afiliados a algún régimen previsional.
Este beneficio busca ser de cargo fiscal, pagado por el IPS, sin participación de la AFP. Su aplicación sería supervisado por la Superintendencia de Pensiones.
Tiene como requisitos de acceso:
- Haber cumplido 65 años de edad.
- No integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población.
- Acreditar residencia por un lapso no inferior a veinte años continuos o discontinuos.
El monto de la prestación dependerá del valor de la pensión base que tenga el beneficiario. Para estos efectos, se les calculará una “pensión base” a la edad de jubilación, independientemente de si se pensionen o no. Los tramos son:
- Todos aquellos que tengan una pensión base menor o igual a $630.000 recibirán el monto máximo: $185.000.
- Los beneficiarios que tengan una pensión base mayor a $630.000 y menor a $1.000.000, obtendrán un monto que irá disminuyendo progresivamente, de manera lineal.
Todos los montos se reajustarán el 1 de febrero de cada año, según variación del IPC.
El cálculo de la pensión base será de 65 años, en los hombres; y 60 años, en las mujeres. Todos hasta el 90% van a ver incrementada su pensión.
La ley podría entrar en vigencia el primer día del tercer mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial, salvo reglas especiales.
El costo fiscal de la iniciativa será de un máximo de 0,95% del PIB, entre 2028-2034, alcanzando el promedio de 0,92% del PIB en la década de 2040, considerando el envejecimiento de la población en las próximas décadas.
