La tarde de este miércoles, la Cámara de Diputados rechazó la acusación constitucional en contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, tras varias horas de discusión.
Cabe señalar que el libelo requería de 78 votos de los 155 miembros de la cámara, para ser despachado al Senado, lo que finalmente no se concretó. Sin embargo, solo obtuvo 68 votos a favor, 78 en contra y ninguna abstención.
La acusación se presentó el 19 de junio, bajo el fundamento de vulneración al derecho preferente de los padres de educar a sus hijos, sobre todo en las orientaciones sexuales, y el incumplimiento del rol de supervigilancia del Mineduc, como en el caso de la Junaeb.
«No he faltado a la Constitución ni a las leyes»
Al llegar al Congreso, el secretario de Estado entregó una breve declaración respecto al proceso político al que está siendo sometido.
«Estoy muy convencido que en nuestra gestión, y en particular yo, no he faltado ni a la Constitución ni a las leyes«, aseveró.
Defensa
El abogado defensor del secretario de Estado respondió a la diputada Francesca Muñoz, quien defendió el libelo, y dijo que su exposición «es cualquier cosa» menos una acusación constitucional.
«Lo que se está haciendo con esta acusación constitucional es desvirtuar su verdadero sentido, lo que acaba de presentar la honorable diputada es un buen comienzo de una fiscalización, de una interpelación, pero es cualquier cosa menos una acusación», agregó.
Añadió que la constitución y la leyes «se rompen a machetazos» cuando se usan «para superar una discrepancia política, para superar un disenso político, cuando no está de acuerdo con la agenda de un partido o de un gobierno».
«De acogerse esta acusación constitucional, lo que se busca sería cortarle las manos, como se dice, que no pudiera ejercer su profesión en un establecimiento público por cinco años, eso es algo que afecta los derechos humanos», sentenció Cox.
¿De qué trata la acusación constitucional?
El libelo contra Ávila consta de siete capítulos y los principales están relacionados con la vulneración al derecho preferente de los padres de educar a sus hijos, sobre todo en las orientaciones sexuales, y el incumplimiento del rol de supervigilancia del Mineduc, como en el caso de la Junaeb.
