OPINIÓN | El negocio de la reconstrucción: Cuando lo sustantivo se vuelve accesorio 

Por Danitza Ortiz Viveros. 

Finalmente, tras una serie de vocerías y una cadena nacional, el Gobierno ha presentado el proyecto de ley de reconstrucción. Sin embargo, la demora en llegar a este día no es un detalle menor. Desde la campaña, el Ejecutivo aseguró que venía trabajando en este y otros planes; no obstante, la dilación y el incumplimiento de sus propios plazos generan una sombra de duda que resulta tan deslegitimadora como inconsistente.

Los primeros análisis ya permiten ver el fondo del asunto: lo que se presenta como un plan de Reconstrucción Nacional parece ser, en realidad, la pantalla de una reforma tributaria diseñada a la medida de los sectores más poderosos de Chile.

Revisemos algunos puntos clave. En primer lugar, es paradójico que en una ley «de reconstrucción», las soluciones habitacionales, presentadas en las plataformas oficiales de Gobierno, aparezcan recién al final, casi como un anexo dentro de un listado de 40 medidas. Lo sustantivo se volvió accesorio.

En segundo lugar, la propuesta de bajar el impuesto a las grandes empresas (de un 27% a un 23%) beneficia apenas al 5% de las compañías más ricas. Las pymes no verán este alivio porque ya tienen su propio sistema. En simple: el Estado recibirá menos dinero de las grandes industrias sin ninguna garantía de que ese ahorro se convierta en mejores sueldos o nuevos empleos.

Otro punto crítico es la eliminación del IVA a la vivienda. Esto parece más un «salvataje» para las constructoras que tienen miles de casas sin vender. Si bien el precio podría bajar un poco, el problema de fondo sigue ahí: las familias comunes siguen sin poder acceder a una vivienda, a un crédito hipotecario o, lo que es más grave, al suelo. Al final, esto facilita que los grandes inversionistas compren barato para arrendar caro, mientras la clase media sigue asfixiada por arriendos que impiden llegar a fin de mes.

Por último, el subsidio al empleo. Aquí el Estado pone la plata para que las empresas contraten, pero las ganancias se quedan en manos privadas. El proyecto no asegura que ese apoyo estatal termine realmente en el bolsillo del trabajador o en estabilidad laboral.

Es preocupante la indolencia de un Gobierno que utiliza las necesidades de la gente para asegurar el enriquecimiento de unos pocos. Hay que ser cautos: como dice el libro de Carlos Gajardo, “somos tontos hasta las doce”. Si el Ejecutivo persiste en este camino, serán sus propios electores quienes, en las urnas, pasen la cuenta.